El Pleno del Congreso ha dado un paso significativo al aprobar, con 176 votos a favor y 170 en contra, una Proposición no de Ley que propone el reconocimiento oficial, en los ámbitos jurídico y administrativo, como víctimas de la represión franquista a las mujeres que fueron internadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer entre el 6 de noviembre de 1941 y el 1 de agosto de 1985.
Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Republicano y apoyada por los Grupos Socialista y Junts per Catalunya a través de una enmienda transaccional, busca abordar múltiples aspectos relevantes:
Reconocimiento jurídico y administrativo: Se pretende que el Gobierno reconozca formalmente a estas mujeres como víctimas de represión, estableciendo mecanismos para garantizar el acceso a sus derechos.
Modificaciones legislativas: Se promoverán cambios en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, para incluir a estas mujeres como víctimas.
Indemnización: Se estudiará el derecho a percibir indemnización como medida de reparación, similar a lo que ya se contempla en la Ley de Memoria Histórica.
Estrategias de difusión: Se desarrollará una estrategia de información para dar a conocer los derechos de las víctimas, enfocándose en las mujeres mayores.
Inventarios documentales: El Congreso ha solicitado la elaboración de un inventario exhaustivo de toda la documentación relativa al Patronato, lo que incluye registros y expedientes personales.
Colaboración con comunidades autónomas: Se impulsará la colaboración con comunidades autónomas para localizar y conservar documentación relevante.
Grupo de trabajo multidisciplinario: Se creará un grupo de trabajo que incluirá expertos en derechos humanos y memoria democrática para analizar la documentación hallada.
Acceso a la información: Se garantizará la preservación y digitalización de la documentación, asegurando que sea accesible para víctimas e investigadores.
Políticas públicas: Se fomentarán políticas de reconocimiento y reparación a las mujeres afectadas, además de iniciativas de investigación y memorialización.
Este reconocimiento es crucial, no solo para la memoria histórica, sino también para proporcionar justicia y reparación a un colectivo que ha estado marginado durante demasiado tiempo. La medida impulsada por el Congreso impacta tanto en la esfera política como en la social, abordando una parte oscurecida de la historia que afecta directamente a las mujeres que sufrieron represión y vulneración de sus derechos.