El pasado 13 de marzo de 2026, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Universidad Pontificia Comillas firmaron un convenio en el que se establecen bases para el desarrollo y uso de tecnologías en el sector jurídico. Esta colaboración busca innovar en los servicios judiciales mediante la digitalización, siguiendo el objetivo del Foro de Transformación Digital de la Justicia.
¿Qué implica este convenio?
- Colaboración con el sector académico: La Universidad Pontificia Comillas, a través de sus iniciativas como el Observatorio Legaltech Garrigues-ICADE, se compromete a realizar actividades que analicen y promuevan el uso de tecnologías emergentes en el ámbito legal.
- Mejorar la seguridad jurídica: Se prevé que el trabajo conjunto ayude a encontrar soluciones tecnológicas que aseguren la legalidad en un entorno digital que cambia rápidamente.
- Formación y divulgación: Ambas entidades organizarán webinars, congresos y otras actividades formativas para fomentar la educación continua en estas nuevas tecnologías.
- Sin coste económico: El convenio no requerirá pagos entre las partes y se enfocará en recursos humanos y técnicos disponibles, evitando así gastos adicionales para el Ministerio y la universidad.
Impacto para ciudadanos y profesionales
Este convenio tiene el potencial de mejorar la eficiencia del sistema judicial y proporcionar un marco más seguro para el uso de tecnologías como los contratos inteligentes y la gestión de activos digitales. Aunque los cambios no serán inmediatos, es un paso importante hacia la modernización de los servicios públicos. Los profesionales del derecho y ciudadanos podrán beneficiarse de un sistema más ágil y seguro en un plazo de cuatro años, duración inicial del convenio, que podría ser prorrogado.
Próximos pasos
A través de la creación de una Comisión de Seguimiento, se supervisará la ejecución del convenio, garantizando que se cumplan los objetivos marcados. Esto incluirá revisiones anuales sobre los avances y la eficacia de las iniciativas implementadas.
En resumen, este convenio es una señal clara de que el sector jurídico en España se está preparando para abordar los retos de la digitalización, lo que podría repercutir en una mayor confianza y seguridad para los ciudadanos en el uso de servicios legales.