En la sesión del Pleno del Congreso, celebrada el 24 de febrero de 2026, se ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley orgánica para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta iniciativa, presentada por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), ha recibido 175 votos a favor, 171 en contra y sin abstenciones.

El objetivo principal de esta proposición es restablecer el marco legal que existía antes de la aprobación de dos reformas clave en 2015, que introdujeron el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía. La modificación incluye cambios en ocho artículos de la mencionada ley. Entre las novedades más destacadas, se eliminan ciertos epígrafes y se actualizan varios artículos para garantizar que todos los poderes públicos cumplan con las resoluciones del Tribunal Constitucional de manera más efectiva.

Algunos de los cambios más relevantes son la especificación de que los Juzgados y Tribunales deben prestar con carácter preferente y urgente el auxilio que se solicite del Tribunal Constitucional. Además, se introducen sanciones que van de 600 a 3.000 euros para aquellos que incumplan los requerimientos del Tribunal, estableciendo un nuevo apartado que permite revisar la cuantía de las sanciones mediante ley ordinaria.

Este procedimiento parlamentario es un primer paso crucial, ya que la proposición ahora será remitida a la comisión correspondiente donde se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas. En caso de que estas enmiendas sean de texto alternativo, se llevará a cabo un debate que podrá influir en el futuro de esta reforma.

Por lo tanto, esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es un asunto de gran importancia, dado que puede facilitar un mejor funcionamiento de la justicia constitucional y garantizar el respeto al ordenamiento jurídico en España. Esto puede impactar tanto a ciudadanos como a instituciones, ya que el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal se hará más vigilante y sujeto a sanciones.