El pasado 18 de marzo de 2026, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo en el ámbito de la política migratoria española. Con 176 votos a favor y 172 en contra, se ha aprobado una moción propuesta por el Grupo Popular que exige al Gobierno “renunciar con carácter inmediato al proyecto normativo de regularización masiva” de personas migrantes. Esta iniciativa se origina a partir de una interpelación urgente que se presentó el 26 de febrero de 2026.
La moción argumenta que el proyecto de regularización masiva carece de requisitos adecuados y, además, contradice los principios europeos y los objetivos establecidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El texto aprobado también insta al Gobierno a:
- Ejecutar de manera efectiva las órdenes de retorno, en conformidad con la normativa vigente.
- Revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para garantizar su cumplimiento.
- Asegurar la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves o sean reincidentes.
La importancia de esta moción reside en el impacto que puede tener en la gestión de la migración en España y en la relación del país con las políticas migratorias de la Unión Europea. La renuncia a un proyecto de regularización masiva podría establecer un precedente sobre cómo se gestionan las políticas de inmigración en el futuro, afectando tanto a los migrantes que buscan regularizar su situación como a la percepción pública y política en torno a la inmigración.
Esta decisión del Congreso es un llamado a la acción para el Gobierno, que deberá responder y adaptar su enfoque en materia de migración a los requerimientos expresados por la Cámara Baja. Para los ciudadanos, autónomos y empresas, esto podría influir en diversos aspectos, desde la integración social hasta el mercado laboral, dependiendo de cómo se desarrollen las políticas migratorias en el futuro.