El pasado 12 de febrero de 2026, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Republicano que aborda la urgente necesidad de mejorar la protección social de los trabajadores autónomos en España. Esta iniciativa, impulsada por el diputado Jordi Salvador i Duch, surge tras una interpelación presentada en diciembre de 2025 y ha visto la luz tras una votación en la que se han aprobado varios puntos clave.
Entre las medidas solicitadas al Gobierno se encuentran:
Sistema de cotización real y progresivo: Se insta a implementar un modelo de cotización que se base en ingresos reales, estableciendo tramos claros y cuotas ajustadas a la capacidad económica de cada autónomo.
Prestación por cese de actividad: Se propone convertir la prestación por cese de actividad actual en una prestación por desempleo real, similar a la que reciben los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, con requisitos razonables y trámites más ágiles.
Subsidio para mayores de 52 años: Se solicita la creación de un subsidio que beneficie a los autónomos mayores de 52 años, equiparándolo al que perciben los trabajadores del Régimen General.
Equiparación de prestaciones: Se busca igualar las prestaciones por enfermedad, maternidad, paternidad, y cuidado de menores con las que ofrecen los trabajadores en el Régimen General, promoviendo la equidad en las coberturas sociales.
Cuota cero en situaciones de enfermedad grave: Se propone la implementación de una cuota cero que se active desde el momento en que ocurre una enfermedad grave, además de bonificaciones para la contratación de sustitutos.
Persecución del fraude: Se insta a endurecer la persecución del fraude relacionado con los llamados "falsos autónomos", mediante campañas específicas de inspección y sanciones disuasivas a las empresas infractoras.
Simplificación de la pluriactividad: Por último, se busca evitar la doble cotización de los trabajadores con pluriactividad y simplificar la gestión, además de establecer cuotas reducidas para aquellos cuya actividad autónoma sea secundaria.
Importa a ciudadanos, autónomos y empresas que estas medidas se lleven a cabo, ya que buscan fortalecer el respaldo social de un colectivo que representa una parte esencial del tejido económico español. La protección adecuada de los autónomos puede influir en su estabilidad laboral, promoviendo un entorno de trabajo más justo y equitativo.