La presidenta del Congreso abrió el debate sobre la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que busca habilitar legalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales en España. Este paso es crucial para garantizar una mejor protección a los ciudadanos, especialmente a los menores, en un entorno digital que se ha vuelto central en sus vidas.

El portavoz socialista, el señor Rojo Blas, enfatizó que la falta de legislación que habilite a la CNMC limita enormemente su capacidad de actuación. Recordó que el Parlamento Europeo aprobó en 2022 el Reglamento 2022-2065, conocido como DSA, que requiere que los Estados miembros designen autoridades competentes. Aunque España designó a la CNMC para esta tarea, todavía es necesaria una habilitación legal para que pueda cumplir con las funciones requeridas por el Reglamento, lo que se ha vuelto más urgente tras la convalidación fallida de un anterior real decreto que incluía esta habilitación.

El orador subrayó que, sin esta habilitación, la CNMC no puede abrir investigaciones contra las prácticas de las plataformas digitales, lo que deja a la ciudadanía expuesta a riesgos como la ciberestafa y contenido perjudicial. También resaltó la situación desventajosa de España frente a otros países de la UE, que ya están protegiendo a sus ciudadanos en el ámbito digital.

El debate continuó con intervenciones de diferentes grupos parlamentarios, donde se requirió una acción conjunta y sensata para avanzar en la aprobación de esta legislación, así como la importancia de no politizar la iniciativa, ya que la seguridad digital es un asunto que trasciende las diferencias políticas. La inacción en este aspecto podría dejar a los ciudadanos sin las protecciones necesarias, especialmente a los menores que navegan por plataformas que no siempre cumplen con estándares de seguridad.

El cierre del debate dejó claro que se espera una decisión rápida para avanzar en la protección de los derechos digitales en España.