El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo y en vigor desde el 22 de marzo, en respuesta a la crisis internacional desencadenada por el conflicto en Irán. Este decreto moviliza 5.000 millones de euros en ayudas directas y establece diversas medidas para mitigar el impacto en los hogares y sectores más afectados.
Contexto y medidas aprobadas
La norma fue respaldada con 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones, y su tramitación como proyecto de ley se ha acordado por 346 votos a favor, lo que significa que se busca una discusión más profunda en la Cámara Baja. El impacto del conflicto ha llevado a un aumento drástico de los precios del petróleo y del gas, afectando gravemente la economía global y presionando la inflación en España, lo que dificulta la situación económica de muchos ciudadanos, autónomos y empresas.
El decreto incluye:
- Ayudas directas a consumidores:
- Mantención de descuentos del bono social eléctrico hasta final de 2026.
- Prohibición de cortes de suministros esenciales a hogares vulnerables.
- Flexibilización en contratos de electricidad y gas para empresas.
- Apoyo a sectores específicos:
- Ayudas directas para transportistas, especialmente autónomos y pequeñas empresas.
- Reducción del IVA del 21% al 10% en electricidad, gas natural y carburantes.
- Bonificaciones para agricultores y ganaderos.
- Medidas fiscales:
- Reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, del 5% al 0,5% hasta el 30 de junio de 2026.
- Protección del empleo:
- Las empresas beneficiarias no podrán despedir hasta el 30 de junio de 2026.
- Planes de movilidad sostenible:
- Nuevas exigencias para empresas con grandes centros de trabajo sobre movilidad sostenible.
Estas acciones son cruciales para mitigar el impacto de la crisis en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como en la operativa de las empresas afectadas por la subida de los costes energéticos y la incertidumbre del mercado.
La adopción de este Real Decreto-ley es un hecho significativo, tomando en cuenta su relevancia para asegurar la estabilidad económica en un contexto marcado por desafíos internacionales. Las medidas están específicamente diseñadas para abordar las necesidades inmediatas y estructurales de los sectores más sensibles ante la crisis.