La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha dado un paso importante hacia la modernización del marco normativo de la economía social en España al aprobar, con competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. Esta aprobación se produjo con 19 votos a favor y 18 en contra, y la iniciativa ya ha sido remitida al Senado para su continuidad en el proceso legislativo.

La norma pretende responder a las nuevas realidades económicas y sociales, alineándose con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que busca no solo la creación de empleo en este sector, sino también incrementar el impacto social de estas organizaciones en toda la Unión Europea.

El proyecto de ley incluye modificaciones significativas en varias leyes existentes. Algunos de los cambios más destacados son:

  • Cooperativas: Se busca fortalecer la regulación sobre cooperativas, incluidos aspectos sobre la comunicación electrónica y los derechos de las personas socias.
  • Empresas de inserción: Se amplía el ámbito de actuación para promover la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
  • Centros especiales de empleo: Se reconocen nuevos tipos de entidades dentro de este marco y se introducen conceptos como el de "empresa social".
  • Régimen fiscal: Se introducen cooperativas especialmente protegidas que recibirán un tratamiento fiscal específico para adaptarse a las transformaciones del mercado.

Además, se han incluido varias enmiendas que modifican otras leyes, específicamente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y el Ingreso Mínimo Vital. Esto podría mejorar las condiciones laborales y proporcionar un soporte social más robusto para los colectivos más vulnerables.

El Proyecto de Ley ha sido presentado por el Gobierno en octubre de 2024 y, tras la tramitación en la comisión, se espera que en el Senado se realicen más debates y se introduzcan posibles modificaciones antes de su aprobación definitiva.

Esta actualización normativa es relevante para ciudadanos, autónomos y empresas, ya que busca facilitar la creación y sostenibilidad de cooperativas y otras entidades que operan en la economía social. La legislatura podría impactar directamente en la creación de empleo y el refuerzo del tejido económico en diversas comunidades.